El Comercio
Por León Trahtemberg. Educador
Los ministros, altos funcionarios ministeriales y analistas se quejan sistemáticamente de que no se avanza en la ejecución de la inversión pública por falta de cuadros capacitados en gestión pública, por los tediosos procesos administrativos del SNIP o el Consucode, o por la engorrosa normatividad sectorial y la ineficiencia de los sistemas de autorización y control. Además, son funciones potencialmente persecutorias porque los hace pasibles de acusaciones penales por delitos que no derivan del dolo sino de las acciones propias de la función ejecutiva, lo cual consume su tiempo y dinero durante y después de su gestión para defenderse ante los tribunales de justicia.
¿Qué necesita de modo urgente el Perú? Un desembalse de inversiones para proyectos ya aprobados y una masiva simplificación normativa que disuelva cuanto nudo normativo inútil encuentre en el camino. Hacerlo por la vía del Congreso resulta imposible. Pretender contar con 350 gerentes públicos de élite, como señala el D.L. 1024, será inútil si no viene acompañado de un empoderamiento legal que permita a esos gerentes proceder a los desembalses y ejecución de acciones inmediatas, pero contando con una cierta inmunidad.
A veces las imágenes metafóricas sirven para graficar con mayor claridad el núcleo de una idea. Imagino a un gerente honesto actuando como un tractor inteligente, que con el debido conocimiento de un tema y suficiente calidad ética, se enfrenta y supera sin miedo y con coraje a las barreras que tiene al frente, que obstaculizan el fluido avance de sus temas con la mayor eficacia, sin otro interés secundario que el de resolver los problemas que tiene al frente.
El problema es que con la normatividad inventada por los miles de políticos del Perú, las normas del manejo del Estado no solo están hechas para frenar unas a las otras, sino para impedir el avance rápido de cualquier acción corriente. Ni siquiera el ministro puede visitar una escuela y al ver un techo por caerse puede ordenar de inmediato apuntalarlo para prevenir accidentes fatales.
Sugiero entonces pensar en la figura del gerente tractor, de capacidad y honestidad comprobada (escogido por un comité confiable que haga un escrutinio finísimo de su vida y méritos), que reciba plenos poderes y goce de algún tipo de inmunidad en lo que corresponda a sus acciones ejecutivas, poniendo como garantía de transparencia un equipo adjunto de veedores auditores que sean igualmente éticamente impecables. Con ellos ponerse como meta desembalsar en 12 meses todos los proyectos pendientes, destruir los nudos legales y dejar limpio el panorama para que la nueva generación de funcionarios públicos encuentre la cancha libre para hacer un trabajo eficiente.
Algunos de esos altos funcionarios ya existen y otros deberán ser captados. Obviamente habrá que pagarles un elevado sueldo no solo para se sientan reconocidos, sino también para que se sientan atraídos a ser parte de esta selección nacional de talentos gerenciales que pondrían en orden la administración pública en 12 meses. Los beneficios inmediatos y los ahorros de corrupción e ineficiencia pagarían de lejos los costos de este esquema ganador.
Cuando no se puede confiar en las instituciones, los países tienen que acudir a la reserva moral que proporcionan las personas profesional y éticamente impecables para que le presten a la institución en la que van a trabajar algo de su capacidad y moralidad.
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publicado en El Comercio el 1 de agosto del 2008
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